«Guanajuato es uno de los ocho estados que se niega a legislar sobre el matrimonio igualitario, por lo que mantiene una normativa inconstitucional al negar el acceso igualitario y sin discriminación alguna a dicha institución civil de las personas del mismo sexo», expresó el diputado local David Martínez Mendizabal.

Recordó que en la Legislatura pasada los grupos parlamentarios del Partido MORENA, PVEM y PRD presentaron varias iniciativas para reconocer el derecho de toda persona a contraer matrimonio y fundar una familia sin discriminación alguna, sin embargo, dichas propuestas legales no han sido analizadas y discutidas en las comisiones legislativas a las que fueron enviadas.

El legislador refirió que la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional cualquier ley que reproduzca la visión de que el matrimonio es exclusivamente la unión entre un hombre y una mujer con la finalidad de procreación, como lo es el caso de la legislación de Guanajuato en la materia.

“En el Grupo Parlamentario del Partido MORENA consideramos que no podemos continuar con la parálisis legislativa en la materia, y que es impostergable que emprendamos el análisis y discusión de las iniciativas antes mencionadas. En este sentido, espero que este punto de acuerdo sirva como un llamado para que este mismo Congreso salga del letargo en el que se ubica ahora”, dijo.

En este sentido, el diputado consideró que era necesaria la intervención de la Procuraduría de los Derechos Humanos en el Estado para que analice si el Congreso del Estado ha vulnerado con su omisión los derechos humanos al mantener una normativa discriminatoria que pospone derechos civiles de un sector especifico de la ciudadanía.

“Como legisladores tenemos la obligación de priorizar los derechos humanos frente a cualquier intento de restringirlos por parte de grupos de interés o mayorías políticas, precisamente porque los derechos humanos están igualmente garantizados para todas las personas y por ello sustraídos a la disponibilidad del mercado y de la política, pues forman la esfera de lo indecidible, esto es, el conjunto de derechos fundamentales están sustraídos de la posibilidad de ser restringidos por las mayorías legislativas”, mencionó.

Asimismo, adelantó que se pronunciarán en contra de que se pretenda regular el acceso al referido derecho a las personas del mismo sexo, mediante la creación de figuras jurídicas alternas como la sociedad de convivencia o el pacto civil de solidaridad, entre otros.

Las diputadas Yulma Rocha Aguilar y Martha Lourdes Ortega Roque, y los diputados Cuauhtémoc Becerra González y Ernesto Prieto Gallardo pidieron el uso de la voz para hablar a favor de la propuesta.

En su participación, el diputado Cuauhtémoc Becerra González señaló que el tema es delicado, pues Guanajuato cuenta con una sociedad conservadora. En este sentido, mencionó que el matrimonio igualitario no es un tema de creencias o gustos personales, si no legal, por lo que pidió que se evalúe la situación pensando en el beneficio de los guanajuatenses.

Por su parte, la diputada Yulma Rocha Aguilar señaló que era recurrente ver a ciudadanos expresar que no era justo tener que pagar un amparo para poder casarse.

Agregó que de acuerdo con normas internacionales negar el derecho a casarse por razones de género violaba derechos humanos, entre ellos a la no discriminación, a la igualdad ante la ley y el de formar una familia.

Rocha Aguilar indicó que el criterio aplicado por la Suprema Corte de Justicia si bien no establecía un vínculo directo para que se legisle en lo local, si dictaba el camino a seguir y de no hacerlo se estaría cayendo en actos discriminatorios, porque el fallo hacía reconocimiento a la universalidad de los derechos humanos.

La congresista enfatizó que el punto de acuerdo pretendía que la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado se pronunciara al respecto, y en ese sentido cuestionó dónde estaba dicha institución en todos los temas de la agenda pública que tenían que ver con sus atribuciones, porque no los había visto pronunciarse en las desapariciones de mujeres ni en este tema, a diferencia de sus homólogos en otros estados.

“Queremos que haga su trabajo de acompañamiento y pronunciamiento en este caso, con respecto a que se garanticen todos los derechos para todas las personas, que se despoje de su camiseta política-partidista”, finalizó la legisladora.

Al hacer uso de la voz, la legisladora Martha Lourdes Ortega Roque señaló que existe una desigualdad legal con las personas del mismo sexo, ya que si desean casarse tienen que presentar un amparo, el cual su costo oscila entre los 9 y 20 mil pesos y el proceso tarda de 3 a 4 meses.

“Hay una clara desigualdad y omisión al respeto de los derechos humanos de las personas de la diversidad sexual, ¿por qué ellos tienen que gastar más dinero y tienen que esperar más tiempo para poder casarse?”, cuestionó.

Por último, la congresista confió en que, de ser aprobado el punto de acuerdo, la Procuraduría de los Derechos Humanos deberá realizar un análisis exhaustivo y contundente que permita enriquecer el dialogo y no esperar a ser la última entidad que apruebe el matrimonio igualitario.

El diputado Ernesto Prieto Gallardo comentó que el respeto de los derechos humanos debe ser equitativo, sin embargo, dijo, en Guanajuato existe un rezago en el tema, por lo que la propuesta realizada por su homólogo es precisa y oportuna para que se adecúe la legislación local y se atienda una armonización pendiente.

Asimismo, se manifestó a favor del matrimonio igualitario y el respeto por las personas que se encuentran en desventajas legales. En este sentido, exhortó a sus compañeros para que el tema del matrimonio igualitario se vea como un asunto legal urgente.

La solicitud de obvia resolución fue aprobada, sin embargo, la propuesta no fue aprobada por lo que se procedió a su archivo definitivo.