“La pandemia provocada por el Covid-19 no puede ser el pretexto para negarle su derecho a la atención médica al resto de los pacientes y especialmente a las niñas, niños y adolescentes que enfrentan al cáncer”, enfatizó la diputada Lorena Alfaro García.
Esto, al presentar la propuesta de Punto de Acuerdo, a fin de que el Congreso local exhorte en forma respetuosa, pero contundente, al Gobierno Federal, para que corrijan el desorden, la indolencia o la franca incompetencia que los ha llevado a provocar una escasez generalizada de medicamentos para el tratamiento de las niñas y niños con cáncer.
Alfaro García recordó que, en días pasados, durante la comparecencia con el Secretario de Salud Daniel Díaz Martínez, se confirmó que la escasez de medicamentos también ha afectado al estado de Guanajuato, llegando a tener carencia de hasta 8 medicinas, que el gobierno estatal tuvo que adquirir por su cuenta, y teniendo actualmente la falta de 3 de las 20 substancias necesarias para la mezcla oncológica con la que se atiende el tratamiento de los más de 140 niñas y niños con cáncer en los hospitales del estado.
“Desde Guanajuato compartimos tanto la indignación ante la injusticia, como la convicción de que es necesario exhortar a las autoridades federales para que atiendan esta sentida demanda que también tiene consecuencias directas en nuestro estado, como ya quedó claro durante la mesa de trabajo con motivo del análisis del estado que guarda la administración pública estatal y temas relacionados con la contingencia sanitaria”, apuntó.
Refirió que la falta de medicinas para los tratamientos oncológicos, particularmente aquellos necesarios para miles de niñas, niños y adolescentes es una auténtica tragedia de alcance nacional, en donde ya se han manifestado los compañeros diputados de Acción Nacional en los congresos locales del Estado de México, Coahuila, Jalisco, Ciudad de México, Yucatán, Querétaro, Nuevo León, Oaxaca, Chihuahua, Puebla, Tamaulipas y Morelos.
Para finalizar, mencionó que, durante los últimos sexenios, estos tratamientos se financiaban por medio del fondo de protección contra gastos catastróficos; sin embargo, se ordenó desparecer al seguro popular y todo lo que se le relacionara, reemplazándolo con el Instituto de Salud para el Bienestar, pero sin dotarlo de reglas de operación ni mecanismos, ni recursos que reemplazaran al fondo de protección contra gastos catastróficos.
“A ocho meses de su puesta en marcha, el INSABI sigue en un limbo jurídico, mientras el gobierno federal se da su tiempo, con calma, con mucha calma. Y si antes el escándalo eran las quimioterapias con agua que se acusaron en Veracruz, hoy la indignación son las promesas de medicinas por parte del gobierno federal, que no valen ni el agua, porque no se cumplen y está pasando en todo el país. Hay muchos gastos con los que pueden jugar a la austeridad y las ‘vencidas’. Pero no se vale hacerlo con las medicinas de los niños con cáncer”, concluyó.
La propuesta fue turnada a la Comisión de Salud Pública para su estudio y dictamen.
