La reforma a la Constitución Federal y a las normas secundarias, fue y es un proceso deseado, ilegal y que atenta contra la dignidad, no solo de jueces y juezas, sino de las personas en general. Concediendo que hay corrupción dentro del Poder Judicial, tanto en la designación de plazas, como en los grandes asuntos de interés económico, ésta, la llamada Reforma Judicial, plagada de irregularidades, no combate la corrupción existente, solo cambia quienes participan de ella.

Desde el inicio del proceso legislativo, el Poder Judicial de la Federación, lo combatió con Impugnaciones mediante el juicio de amparo, paro de labores en todos los juzgados y amplias manifestaciones que tomaron calles y plazas. Nada sirvió, quizás en gran medida porque desde el gobierno fueron atacados, señalando que solo buscaban defender y mantener sus privilegios.

Sin embargo, hoy gracias a esa difusión de las grandes inconsistencias que tiene la reforma, es del dominio general, que la carrera judicial es un servicio profesional de especialización, en el que no solo se requiere ser abogada o abogado para ser Juez o Jueza; que hay un proceso de ascenso escalafonario, que requiere estudio permanente, capacitación constante y sustentar exámenes teóricos y prácticos. Una competencia en base nocimiento. La corrupción debió combatirse con otro tipo de reforma que transparentara los procesos de asignación de plazas y puntualizar los candados para no permitir familiares dentro de determinados niveles.

La elección por voto popular, genera un tipo de competencia diferente, en la que no necesariamente avanza la persona con mayor conocimiento, sino quién tenga mayor impacto con las y los electores, quién tenga los apoyos del poder, económicos o de grupos, que puedan llevar votantes a las casillas para anotar el número de quién se quiere que llegue. Lo que también ha sido público, los vínculos de candidatos con intereses ilícitos.

Para el caso de usted y yo, habitantes de San Francisco, es necesario conocer los perfiles de 64 personas candidatas a la Corte, 38 para elegir a 5 del Tribunal de Disciplina Judicial, 15 para 2 integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral, 19 para 3 de la Sala Regional del Tribunal Electoral, 21 para 6 Magistraturas Circuito, y 19 para 7 para los Juzgados de Distrito. Dando un total de 176 candidaturas en total, para 32 cargos a votar.

La elección sigue con más complicaciones, al no instalarse el 100% de las casillas habituales, no hay la garantía de la asistencia de funcionarios ciudadanos, ha habido intervención ilegal de partidos políticos y gobiernos en la difusión de candidaturas. Se entregarán 6 boletas, la persona después de votar, va a colocar todas en la misma urna, si se llena una, sacan otra. Al cerrar la casilla, se cuentan las boletas, no los votos, no se sabrá a quien favoreció la elección, al no hacerse un escrutinio y cómputo. Las boletas que no se emplearon, no serán inutilizadas. Se integra el paquete, no se entrega copia de actas a ningún representante, pues no lo hay, se publica la manta indicando cuántas boletas, no cuántos votos. El paquete de lleva a los Consejos Distritales y ahí se va realizar el cómputo, en 10 días a más tardar, sabremos el resultado. No habrá programa de resultados previos. Sin claridad, certeza y legitimidad, así correrá este proceso electoral que debilita, muy lejos de fortalecer. Y tal vez el daño vaya a allá de atacar la fortaleza e independencia del Poder Judicial, está debilitando la conciencia democrática y cívica de los mexicanos.

La conclusión, en mi punto de vista es muy clara, no hay las condiciones de certeza, claridad, imparcialidad, que permita ejercer el derecho a un voto universal, libre y secreto; con esto pierde México, en estas elecciones hay grave un retroceso, con profundo dolor y contrariedad de sentimientos, yo no iré a votar.

Ánimo Feliz Domingo.