La Comisión de Justicia aprobó el dictamen de la iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Guanajuato formulada por diputadas y diputados del PAN.

La diputada Cristina Márquez Alcalá, presidenta de dicha Comisión, precisó que al servidor público que proporcione información que conozca con motivo de sus funciones para que se cometa cualquier hecho delictuoso o para entorpecer el cumplimiento de funciones de seguridad, procuración o impartición de justicia, o de ejecución de penas, se les sancionará con tres a nueve años de prisión y de treinta a noventa días multa; si el sujeto activo del delito es integrante de institución de seguridad pública, procuración o impartición de justicia, o de ejecución de penas, la sanción se aumentará hasta con una mitad del máximo.

Además, se impondrá la destitución del empleo, cargo o comisión públicos e inhabilitación para desempeñar otro hasta por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta.

En tanto, a cualquier civil que realice cualquier acto tendente a obtener y proporcionar información sobre las actividades de los servidores públicos de las instituciones de seguridad pública, procuración o administración de justicia, o de ejecución de penas para que se cometa cualquier hecho delictuoso o para entorpecer el cumplimiento de funciones de seguridad, procuración o impartición de justicia, o de ejecución de penas, se le impondrá prisión de dos a siete años y de veinte a setenta días de multa.

La pena se aumentará hasta en una mitad del máximo cuando sea cometido por exintegrantes de las instituciones de la seguridad pública, procuración o administración de justicia, o de ejecución de penas, además se impondrá inhabilitación para desempeñar cargo público hasta por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta; sea cometido a través de menores de dieciocho años o incapaces, o utilice equipos o artefactos que permitan la intervención o inhibición de comunicaciones de instituciones de seguridad pública, procuración o administración de justicia, o de ejecución de penas.

“Se trata de información privilegiada que puede servir para que se cometa un delito, o bien, para entorpecer las funciones de seguridad pública, de procuración de administración de justicia, incluso la ejecución de penas, porque la fuerza de la información de estas personas llega a generar una lesión a la sociedad y pone en riesgo la participación del estado en la ejecución de sus funciones”, dijo.

Finalmente, señaló que con esta reforma, además de sancionar el halconeo, “se permitirá que tanto las autoridades como la sociedad contemos con una nueva herramienta para avanzar en la lucha contra las redes del crimen organizado”.