La diputada Celeste Gómez Fragoso presentó reservas al dictamen emitido por la Comisión de Justicia que propone crear el Registro de Deudores Alimentarios, para garantizar los derechos de los acreedores y respetar los derechos a la dignidad humana y la protección de datos personales.
Al someterse a la consideración del pleno, las reservas planteadas por la bancada priista fueron aprobadas por unanimidad.
La legisladora señaló que para que sea válida constitucionalmente la medida emitida por el legislador ordinario, se deben satisfacer requisitos como ser admisible en la Constitución, puesto que el legislador sólo puede restringir el ejercicio de los derechos fundamentales con objetivos que puedan enmarcarse dentro de las previsiones de la Carta Magna.
Así también, la medida legislativa debe ser necesaria para asegurar la obtención de los fines que fundamentan la restricción constitucional, es decir, no basta que la restricción sea en términos amplios útil para la obtención de ese fin, sino que esa medida debe ser idónea para su realización.
También debe ser proporcional la medida legislativa, pues debe respetar una correspondencia entre la importancia del fin buscado por la ley y los efectos perjudiciales que produce en otros derechos e intereses constitucionales.
El Grupo Parlamentario del PRI consideró que para el caso en concreto, los preceptos que regulan el Registro de Deudores Alimentarios Morosos persiguen una finalidad constitucionalmente válida, que se desprende del artículo 4º constitucional, ya que están dirigidos a proteger el derecho a recibir alimentos, la organización y desarrollo de la familia, así como, a propiciar el ejercicio pleno de los derechos de los acreedores alimentarios.
Además, dicha finalidad se puede alcanzar por otros medios que no son restrictivos de los derechos fundamentales a la privacidad en su vertiente de protección de datos de los gobernados, como lo establece la Ley.
