“La reforma que se propone en este dictamen, tiene la intención de contribuir en materia de seguridad pública y prevención del delito”, señaló la diputada Jéssica Cabal Ceballos, quien habló a favor del dictamen de la Comisión de Justicia que establece el uso de aparatos de reconocimiento de la huella digital en las casas de empeño, yonkes y chatarreras.
La legisladora destacó que, en la actualidad el uso de tecnología permite contar con mejores elementos para evitar que en estos establecimientos se depositen artículos de procedencia ilícita y, en su caso, identificar a los responsables y la comercialización de los bienes frutos de este delito.
Destacó, que en un inicio la iniciativa del Gobernador, Diego Sinhue, contemplaba la implementación de aparatos biométricos por parte de los permisionarios de las casas de empeño y de establecimientos dedicados a la compraventa de autoparte y vehículos en desuso y reciclaje de metales, para identificar a quienes realizan los actos de comercio en este sector, lo que traía implicaciones en el manejo y transferencia de datos personales.
“Se escucharon las voces de diversos representantes de estos establecimientos, asesores y diputados de la Comisión estimamos pertinente optar por aparatos de registro de huellas dactilares en lugar de los aparatos de registro biométrico”, aseveró.
Cabal Ceballos agregó que dichos registros tienen una verdadera utilidad para la Fiscalía General del Estado y no representan un gasto excesivo para los sujetos obligados a instalarlos.
“No se trata de un elemento que resulte invasivo a la intimidad de las personas, sino de un estándar en expansión, pues algunos servicios proporcionados por particulares, principalmente bancos, ya solicitan el registro de las huellas digitales como medida de seguridad, algunas casas de empeño ya funcionan bajo el esquema de recabar dicha información” afirmó.
Finalmente, la diputada reiteró que la reforma es un elemento más en la estrategia de combate al crimen, misma que en conjunto con otras reformas y acciones de carácter legislativo y administrativo tendrá que dar resultados en el corto y mediano plazo dentro de la estrategia de combate a la delincuencia.
