El Congreso del estado aprobó incrementar las sanciones a quienes manejen bajo el influjo del alcohol, las drogas, estupefacientes o cualquier sustancia que produzca efectos similares.

Aprobada por unanimidad, esta reforma contempla que quienes conduzcan bajo el efecto del alcohol, narcóticos, estupefacientes, psicotrópicos o cualquier otra sustancia que produzca efectos similares deberá realizar trabajo a favor de la comunidad en instituciones públicas educativas o de asistencia social, además se sancionará con arresto de 20 hasta 36 horas, a quien conduzca con un nivel de alcohol en la sangre superior a 0.8 gramos por litro o de alcohol en aire espiado superior a 0.4 miligramos por litro, así como bajo el influjo de narcóticos o cualquier otra sustancia que produzca efectos similares.

“Los guanajuatenses se han manifestado de diversas maneras para endurecer las sanciones a personas que manejan bajo los efectos del alcohol y las drogas que ponen en peligro la vida de inocentes o muchas veces causan su muerte”, indicó el diputado Rigoberto Paredes Villagómez.

El legislador indicó que con estas modificaciones legales se amplía el catálogo de sanciones y se responde a un reclamo social. Asimismo dijo que era indispensable la suma de voluntades para fortalecer la cultura de la prevención por el bien de todos los guanajuatenses.

Por su parte, el diputado Juan Carlos Muñoz Márquez se refirió a los acontecimientos trágicos que ocurren en Guanajuato y en todo el país, donde está involucrado el consumo de alcohol. Apuntó que la entidad es el primer lugar en muertes por accidentes, mientras que México ocupa el séptimo.

“Debemos llevar a cabo acciones que funcionen, esta reforma busca generar conciencia […] El alcohol y las drogas tienen dos efectos: por un lado inhiben nuestra capacidad de reacción, y por el otro, nos desinhiben, haciéndonos sentir una persona que no somos, muchas veces ambas se combinan; la primera causa de muerte por accidentes viales es el exceso de velocidad, la segunda el alcohol”, subrayó el congresista.

En el artículo transitorio se establece que los municipios que no cuenten con la infraestructura y los recursos materiales y humanos necesarios para la aplicación de la norma, contarán con un año (una vez que entren en vigor las reformas) para adecuar su infraestructura y organización administrativa.